En julio de 1990, siguiendo la "moda" latinoamericana de aquel
entonces, el gobierno boliviano anunció la privatización del Lloyd, que en ese
momento era deficitario. Hubo una primera licitación en 1992 pero la única
oferta fue desestimada, decidiéndose por reorganizar la empresa para hacerla
más atractiva.
La nueva idea fue buscar inversores que integraran un aumento de capital y
alcanzaran el 49% del mismo, reteniendo el Estado la mayoría, pero cediendo la
administración. Hasta aquí parece una fórmula más de las que se lanzaban en
esos años, pero había un segundo capítulo, totalmente novedoso, que decía que
una vez que la empresa estuviera en marcha el capital estatal sería repartido
gratuitamente entre todos los ciudadanos bolivianos mayores de edad, en una
especie de socialismo aeronáutico sin precedentes mundiales y de complejísima
implementación. Por supuesto hubo una gran discusión, y finalmente se hizo un
concurso que fue ganado por la brasileña VASP —privatizada poco antes— que en
1995 se hizo cargo del 49% de las acciones de LAB y de su administración.
Como era de esperar, transferir las acciones restantes a cada uno de todos los
ciudadanos bolivianos no resultó posible, por lo que se cortó por lo sano y
éstas fueron cedidas en bloque a las dos aseguradoras de fondos de pensión del
país, Futuro de Bolivia y Previsión BBV. Curiosamente ambas estaban controladas
por bancos extranjeros.
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