Por: Javier Badani (*) Foto: Paredón de fusilamiento (1938). Fotografías de
Julio Cordero Ordóñez. - Para más historias: Historias de Bolivia.
Las primeras décadas de la historia boliviana están plagadas de ejecuciones,
gran parte de ellas impulsadas por el rencor político y en algunas ocasiones
como castigo judicial. Uno de los mandatarios que más utilizó este castigo fue
Mariano Melgarejo. Lo hizo, por ejemplo en 1865, el médico potosino Daniel
Bracamonte logró salvar de este castigo a un capitán de apellido Hoyos, que se
había levantado en armas contra Melgarejo. Tras sofocar la insurrección en el
combate de la Cantera, “el Presidente se encontraba encerrado en su habitación
(en Potosí) sufriendo una intensa neuralgia en el pómulo derecho. Bracamonte
ingeniosamente llegó ante el general y sin darle tiempo a nada, ofreció curarle
en 10 minutos. ‘Cuidado con lo que ofrece doctorcito —dijo Melgarejo—; porque
si usted no cumple, lo hago fusilar aquí mismo. Pero si me cura, lo hago a
usted general, ministro o lo que sea’”, se narra en el estudio escrito por José
Montero, publicado en los Archivos bolivianos de historia de la medicina. Según
este texto, Bracamonte infiltró opio en la zona dolorida y en 10 minutos
Melgarejo se mostró relajado. En retribución, el galeno consiguió la
indulgencia para Hoyos.
Ya en el siglo XX, el gabinete del presidente Germán Busch votó para decidir la
ejecución del barón del estaño, Mauricio Hochschild. Éste se había revelado en
contra de la determinación gubernamental que obligaba a los empresarios a
entregar sus divisas mineras al Estado. La reunión del gabinete de julio de
1939 quedó plasmada en un acta oficial. En el documento se describe el momento
decisivo del encuentro cuando Busch concluye: “Hay cinco ministros (que votan)
por la muerte y otros cinco, por la prisión. Como presidente de la República,
yo doy el voto decisivo: Mauricio Hochschild será fusilado a las seis de la
madrugada”.
Los ministros —incluso los que votaron a favor del ajusticiamiento— emplearon
las próximas horas para convencer a Busch del efecto que causaría en el país y
en el extranjero un fusilamiento por delitos de orden económico. “Y consiguieron
salvarle. Quizá esa frustración hizo que el Presidente se suicidara unos meses
después, en agosto de 1939”, escribió Fernando Díaz Plaja, 40 años después.
Quien no logró la indulgencia presidencial —y ni siquiera un juicio— fue el
sacerdote Severo Catorceno, acusado de violar a una niña de siete años en
Arampampa. “Cuando Busch recibió el telegrama del Intendente de Policía de
Potosí con la noticia, montó en santa cólera y ordenó (también por telegrama)
el inmediato fusilamiento del cura. La orden se cumplió al amanecer del día
siguiente, en la pampa de San Clemente, delante de numeroso público. Más tarde
se comprobó que Catorceno era inocente”, escribió Roberto Querejazu Calvo en su
libro Llallagua.
Un caso inédito para la justicia boliviana se dio en el proceso de Mohoza, que
duró más de cinco años (1899-1905). 250 indígenas de cuatro ayllus de Mohoza
(Inquisivi, La Paz) fueron juzgados por la matanza de un escuadrón liberal
aliado, la noche del 28 de febrero de 1899, en el marco de la revolución federal
y la rebelión indígena de Pablo Zárate Willka. El veredicto final fue de 32
condenas máximas. Las ejecuciones tuvieron lugar en la misma plaza de la
población paceña.
Al igual que sucedió con los campesinos, fue a través de un sorteo que se selló
el fatal destino de Alfredo Jáuregui, fusilado en El Alto el 7 de noviembre de
1927. Jáuregui tenía 27 años cuando fue inmolado.
(*) Fragmento de su nota denominada MELQUIADES, EL ÚLTIMO BOLIVIANO EN SUFRIR
LA PENA DE MUERTE publicado en su blog, el 7 de mayo de 2012.
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